La rave del ladrillo (i)

Nos parece raro que una constructora compre de un día para otro una participación de 3.000 millones en una eléctrica pero muchos ven, incluso, recomendable gastarse 240.000 euros en una casa en una paramera sin comunicaciones ni servicios con dos pagas mensuales de mil euritos por cabeza arrejuntada.¿Quién creen que que faltará a los pagos, el que compra los ladrillos a precio de oro o el que los vende? Mientras una generación de nuevos ricos, en el peor sentido de este término, se echa una partida de mus a ver quién tiene la chequera más larga, la macrociudad de Seseña se anuncia en los intermedios de El Señor de Los Anillos -justo después de Corporación Dermoestética, da que pensar- y al consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, que está ahí de rebote, se le quema un coche que está a nombre de una constructora porque no le dio tiempo, dice, a cambiarlo. Lo peor es que, siendo ésta versión verosímil en sí misma (cuando se piden coches no se pide un Mini, sino un Rolls Royce con dos cojones, como en Orihuela), tal y como anda el patio suena a que el perro se comió la tarea.

Es cierto, este mes toca las vestiduras con los escándalos urbanísticos. Como con Marbella. Por lo visto, al igual que hasta la Operación Malaya nadie sabía que Jesús Gil era un mafioso, hasta hace dos semanas aquí nadie tenía ni idea de la existencia del chanchullos urbanístico. Nos escandalizamos, pues, pero sólo la puntita, que somos doncellas. Caerán un alcalde socialista aquí, uno popular allá y, en condiciones normales, las aguas volverán a su cauce pasadas las municipales. En cristianas confesiones PSOE y PP se han retratado al respecto. Unos aportando como programa el cumplimiento de la Ley y otros señalando que aquí no pasa nada y que, si pasa, es culpa del Gobierno central.

No se preocupen. Como en Marbella, los negociantes se irán con las promociones a otra parte donde se reciba mejor la creación de riqueza inherente a las recalificaciones, campos de golf y Marinas D’Or varias. No se preocupen, insisto, porque El País haya publicado varias páginas sobre el Gran Escándalo. Respiren tranquilis si ustedes se sienten ricos porque duermen rodeados de 50 millones de pesetas –pintados, eso sí, de estuco veneciano- cuando se gastaron 30, como si eso sirviese de algo. Ni pasa nada ni va a pasar nada. Los políticos y empresarios más torpes pasarán unas semanas en el trullo o sufrirán inhabilitaciones que les convertirán en sólo comisionistas. Los demás que disfrutan del gran festín –alcaldes un poco más hábiles, arquitectos, registradores de la propiedad- seguirán haciendo su trabajo.

En Burgos fuimos pioneros en encontrar dentro de una hormigonera la piedra filosofal de la política. También en otras esencias patrias, como los movimientos anticentralistas modelo “porque no se me pone los cojones” (Padilla, Bravo, etc), en los tripartitos (con Tierra Comunera haciendo muy bien de ERC) o en el advenimiento de los predicadores (Álvaro Baeza, una especie de Luis del Pino sin internet) a la política. En el caso de la construcción el protagonista principal era José María Peña, entre cuyas virtudes destacaba la capacidad para comerse una hogaza de pan llena de arenques. Peña fue alcalde franquista, alcalde con AP/PP y alcalde con un chiringuito por él mismo montado. El urbanismo de la ciudad ha sido, hasta hace unos años, de una minimalista elegancia. Sólo construían los amigos del alcalde, concretamente Míchel Méndez Pozo, y disponían de libre albedrío para elegir cómo, cuándo y dónde. A finales de los años 80 y principios de los 90 Burgos, en medio del páramo castellano, con población en retroceso y una economía no especialmente potente (tampoco especialmente débil) era la cuarta ciudad más cara de España para comprarse un piso tras Barcelona, Madrid y San Sebastián.

Los trapis arrancaron con el plan de urbanismo de 1983 y el caso saltó poco antes de las municipales de 1987, impulsado por gente del sector inmobiliario de Burgos. El El PP presentó candidatura, pero después, con José María Aznar como presidente de la Junta, la retiró para dejar a Peña la mayoría absoluta en bandeja. Parte del PP apoyó al PSOE para la diputación, en contra de la dirección regional, pero pronto se recondujo todo. Míchel Méndez Pozo compra el Diario de Burgos y en 1991 Peña es reelegido alcalde, esta vez con el PP. En 1992 es inhabilitado por 12 años por delito continuado de prevaricación, mientras que a Méndez Pozo le caen siete de cárcel por falsedad en documento público y privado e inducción a un delito continuado de prevaricación.

Ahora las casas en Burgos siguen siendo caras, no tanto como entonces pero caras. Míchel Méndez Pozo pasó siete meses en el trullo. Después ha adquirido otros periódicos regionales. Tiene varias televisiones y una agencia de noticias. Es presidente de la Cámara de Comercio y, además de sus excelentes relaciones con el PP, también es buen amigo de Bono y de Polanco. Los Príncipes le inauguraron la nueva sede de su holding empresarial. A Peña lo indultó Aznar junto a Gómez de Liaño, la Tani y algunos del caso Filesa. Y aquí paz y después gloria.

Ahora háganme las comparaciones de la pasta que se podía mover en Burgos en los años 80 con lo que supone la ciudad del Pocero, las decenas de campos de Golf de Murcia, las comisiones de Ciempozuelos o Terra Mítica. En Burgos a la gente le parecía mal que las casas fuesen caras (están locos estos romanos), los implicados no se sentaban en el palco del Bernabéu y tanto PSOE como parte del PP y parte de la clase empresarial querían meter mano a la cosa. Y ya ven cómo terminó. Así que tranquilidad, que todavía queda rave del ladrillo para rato. Después de la manita de pintura previa a las municipales los trapicheos urbanísticos seguirán creando riqueza a costa de nuestras nóminas.